El pleno del Senado de la República aprobó una reforma que sancionará hasta con 20 años de prisión a los funcionarios, empresas o personas que alteren, falsifiquen o contaminen pruebas, medicamentos o vacunas contra COVID-19.

En la sesión ordinaria se aprobó con 65 votos a favor, 14 en contra y una abstención la reforma al artículo 464 de la Ley General de Salud, que endurece las sanciones a quienes falsifiquen o alteren vacunas y otros insumos, como ocurrió en México durante la pandemia con inmunizacion falsa o la venta de pruebas falsas.

Durante la Jornada Nacional de Vacunación que realiza el gobierno federal se han denunciado varios casos en estados como Sinaloa, Veracruz y Ciudad de México, entre otros, donde personal de salud fingió haber vacunado a personas.

La reforma que fue turnada a la Cámara de Diputados indica que «quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos, de sus envases finales para uso o consumo humanos o los fabrique sin los registros, licencias o autorizaciones que señala esta ley, se le aplicara? una pena de tres a 15 años de prisión y multa de 50 mil a 100 mil veces la Unidad de Medida y Actualización».

La pena se aumentará en un tercio, es decir a 20 años de cárcel, cuando el ilícito sea cometido por algún servidor público en ejercicio de sus funciones.

Dentro de los argumentos se señala que, ante la demanda de medicamentos, diagnósticos y reactivos asociados a identificar, prevenir y tratar el virus SARS-CoV-2, la Organización Mundial de la Salud advirtió sobre la proliferación de productos médicos falsificados.

En tribuna, la senadora por Morena, Ana Lilia Rivera, destacó la importancia de la reforma que busca sancionar severamente a quienes lucran a costa de la salud de la población, por medio de la falsificación y alteración de insumos médicos.

Avalan reforma para inclusión de personas sordas

El pleno del Senado de la República aprobó una reforma a la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, que busca promover y garantizar los derechos de la comunidad sorda en el país, sobre todo en materia de salud y educación, sin embargo, se incluyó un artículo transitorio donde se establece que no habrá presupuesto para su implementación.

Durante la sesión ordinaria, se aprobó por unanimidad, con 91 votos, la reforma en cuyo transitorio segundo se impide que no sólo en 2022 no haya recursos, sino que en los sucesivos paquetes económicos tampoco se consideren.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México existen más de dos millones de personas sordas.

La iniciativa aprobada establece que la Secretaría de Salud promoverá el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto nivel posible de salud, rehabilitación y habilitación sin discriminación por motivos de discapacidad, mediante programas y servicios que serán diseñados y proporcionados, considerando criterios de calidad, especialización, género, gratuidad o precio asequible.

Se prevé, que aun sin recursos en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se promueva la formación e incorporación de personal médico capacitado en el uso de la Lengua de Señas Mexicana.

Fuentes